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INICIO YUCATÁN     Jueves, 29 • Julio • 2010

Debaten en Congreso por terrenos de Ucú

 

La compra de tres mil 012 hectáreas de terrenos ejidales a un precio de 11.5 millones de pesos que realizó el Gobierno del Estado en el municipio de Ucú, enfrentó en la tribuna del Congreso Estatal a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el Partido Acción Nacional (PAN).

En los asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso del Estado, el diputado panista, Renán Barrera Concha, señaló su inconformidad porque considera que la compra de terrenos ejidales en Ucú es una acción totalmente ilegal de parte del Gobierno Estatal.

El Gobierno del Estado, adquirió tres mil 012 hectáreas pagando 11.5 millones de pesos a los ejidatarios sin que haya título de propiedad de los terrenos, esto es una acción totalmente irregular avalada por los diputados priísta de la pasada LVIII Legislatura.

Desde la anterior legislatura, los diputados priístas aprobaron la solicitud de que el Poder Ejecutivo Estatal pudiera adquirir préstamo bancario para la compra de terrenos ejidales en Ucú, acción que se llevó al cabo sin que la propia administración pública tenga los títulos de propiedad de las hectáreas.

El PAN va a estar pendiente de los informes trimestrales que presente la administración pública al Congreso del Estado, para que en base a ello hagamos una revisión exhaustiva de los informes respectivos a la compra de terrenos en Ucú, advirtió el diputado Barrera Concha.

A su vez, el diputado priísta, Carlos Pavón Flores, aclaró que la compra de terrenos en Ucú de parte del Gobierno del Estado fue en forma transparente, y mediante mecanismos perfectos que no dejan lugar a dudas que la operación fue totalmente legal.

En el sexenio de Patricio Patrón Laviada, hubo muchas compras de terrenos en Hunucmá, Umán y otros municipios y en forma dudosa ya que hubo intermediarios como Antonino Almazán Arteaga que compraba las tierras a precios bajos a los campesinos y lo vendía al Gobierno panista a precios muy elevados incluso hasta del precio real de las tierras adquiridas, recordó Pavón Flores.

En cambio, en el Gobierno del Estado actual, la compra de terrenos en Ucú fue en forma transparente, legal y perfecta, ya que no hubo intermediarios sino acción directa entre las autoridades y los propios beneficiados que son los campesinos.

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